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A menudo analizamos el crimen organizado desde la óptica de la seguridad, enfocándonos en la violencia visible. Sin embargo, el estudio exploratorio Tendencias y Alertas Nº 4, elaborado por el Instituto de Criminología y Empresarios por la Integridad , nos obliga a mirar una amenaza mucho más profunda y silenciosa: la capacidad del dinero ilícito para capturar el Estado de Derecho y reconfigurar nuestra democracia.
Las cifras reveladas en este análisis exploratorio dibujan un escenario de alta vulnerabilidad para el sistema político peruano. A continuación, desglosamos las cinco claves para entender la magnitud de este desafío:
1. Un volumen económico sistémico No estamos ante actividades marginales. Las economías ilegales en el Perú movilizan aproximadamente US$ 7.5 mil millones anuales, una cifra que equivale al 2.7% del PBI nacional. Para poner esta magnitud en perspectiva: el volumen de ventas de estas actividades supera el Producto Bruto Interno de 17 regiones del país y es ocho veces el PBI de una región como Madre de Dios. Este motor económico es impulsado principalmente por la minería ilegal de oro (US$ 4.6 mil millones) y el tráfico de cocaína (US$ 2.2 mil millones).
2. Una base social masiva y dependiente El poder de estas redes no es solo financiero; es social. El reporte estima estas cadenas de suministro emplean a 1.4 millones de personas, lo que representa el 8.6% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esto implica que el sustento de casi uno de cada diez peruanos podría estar ligado a la ilegalidad, creando una base social que legitima estas actividades y dificulta la acción del Estado.
3. La asimetría financiera frente a la política formal Quizás el hallazgo más alarmante es la desproporción entre los recursos del crimen y el costo de hacer política. El costo total reportado de la campaña electoral de 2016 representó menos del 0.2% de las ventas anuales de las economías ilegales. En términos teóricos, estas economías tendrían la capacidad de financiar 2,368 campañas presidenciales o más de 57,700 campañas congresales. Esta brecha hace que el sistema democrático sea estructuralmente vulnerable a la inyección de capital ilícito.
4. Infiltración sofisticada en todo el ciclo electoral El riesgo no se limita a una donación irregular. El dinero ilícito amenaza cinco momentos clave del proceso: desde la producción de candidatos propios y la creación de movimientos políticos, hasta la cooptación de la agenda pública una vez en el poder. Los métodos de infiltración han evolucionado e incluyen el uso de testaferros, el blanqueo a través de asociaciones civiles, pagos a consultoras y, más recientemente, el uso de criptomonedas para evadir la trazabilidad financiera.
5. El objetivo: La reconfiguración de la representación Finalmente, debemos comprender que la meta última de esta infiltración no es solo el lucro, sino la impunidad. La informalidad y la falta de recursos en los partidos crean condiciones donde la representación política deja de servir al ciudadano para convertirse en una herramienta de protección, expansión y legitimación de redes criminales.
Un llamado a la integridad Frente a este escenario, resulta imperativo fortalecer la inteligencia financiera, exigir estándares de integridad verificables a los partidos y mejorar los controles sobre el origen de los aportes. Proteger la democracia requiere que el sector privado, la sociedad civil y las autoridades actúen de manera coordinada para bloquear estas rutas de dinero ilegal.
Para profundizar en el análisis, las cifras y las recomendaciones detalladas, los invito a leer el reporte completo. https://criminologia.pe/2025/06/17/tendencias-y-alertas-no-4-economias-ilegales-y-elecciones/